Cómo las Políticas Federales Están Perjudicando las Oportunidades Educativas para los Estudiantes Inmigrantes

Hace más de 40 años, la Corte Suprema sostuvo en Plyler v. Doe que ningún estado puede negar constitucionalmente a los estudiantes una educación pública gratuita en base a un estatus migratorio. La Corte reconoció algo fundamental:

Es dudoso que se pueda esperar razonablemente que un niño tenga éxito en la vida si se le niega la oportunidad de una educación. Tal oportunidad, cuando el Estado se ha comprometido a proporcionarla, es un derecho que debe estar disponible para todos en términos iguales.

Ahora, a través de una serie de acciones del Congreso de los Estados Unidos y la administración Trump en los últimos 6 meses, incluyendo recortes a los programas educativos, restricciones a los servicios de salud y nutrición, y aumentos masivos en los fondos para las detenciones, este acceso a la educación está siendo retado.

Mientras un grupo amplio de estudiantes se ven afectados por estas acciones de distintas maneras, muchas de estas políticas están afectando directamente a los estudiantes indocumentados y a los estudiantes con al menos un padre no ciudadano.

Datos recientes estiman que hay 620,000 niños indocumentados, y de ellos al menos 100,000 tienen solicitudes de asilo pendientes. También hay aproximadamente 4.7 millones de niños que son ciudadanos estadounidenses pero con al menos un padre no ciudadano (padres que son indocumentados o con presencia legal en el país). Casi tres cuartas partes de estos padres han estado en los Estados Unidos durante más de una década, y muchos son residentes permanentes aquí con una visa permanente, una autorización temporal, o como refugiados o solicitantes de asilo.

Acciones de Políticas Federales

Una serie de acciones legislativas y administrativas recientes están cambiando fundamentalmente el enfoque federal de la educación, alejándose de las políticas que alguna vez protegieron el acceso para todos los estudiantes. Estas acciones incluyen recortes a los servicios de salud y nutrición que apoyan el aprendizaje, restricciones al acceso de programas educativos, y una mayor aplicación de la ley de inmigración. Este ambiente está generando miedo entre los niños y las familias, causando que muchos estudiantes eviten las escuelas y los programas educativos por completo.

Cambiando Inversiones Federales de la Educación a la Aplicación de la Ley

Las prioridades de los gastos federales han cambiado drásticamente, con aumentos masivos de fondos para la aplicación de la ley de inmigración junto con recortes significativos a la educación. La aprobación a principios de Julio de la  H.R. 1 (mejor conocida como la Ley One Big Beautiful Bill) proporciona al Departamento de Seguridad Nacional $45 mil millones, más del cuádruple de la cantidad de su presupuesto anterior, para detener a adultos y familias inmigrantes a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ley establece explícitamente que estos fondos pueden utilizarse para el uso a largo plazo de la detención familiar, aunque esto puede enfrentar desafíos legales. La H.R.1 también proporciona aproximadamente $45.5 mil millones más para actividades de aplicación de la ley y deportaciones, y para reembolsar a los estados y distritos por gastos relacionados, incluyendo la construcción de centros de detención.

Los $90 mil millones combinados para detener y deportar a inmigrantes y sus familias llegan en un momento en que la administración está trabajando para derribar el Departamento de Educación de los Estados Unidos y reducir significativamente las inversiones federales en la educación. La solicitud de presupuesto de la administración para el año fiscal 2026 al Congreso recortaría aproximadamente $12.4 mil millones en fondos para la educación, aproximadamente el 15% del presupuesto total del Departamento de EE. UU.

La administración también ha interrumpido repetidamente fondos escolares. Durante casi un mes, retuvo un estimado de $6.2 mil millones en fondos asignados por el Congreso para la educación K-12, mientras agregaba nuevos requisitos a los programas de fondos otorgados a base de fórmula K-12 que habrían limitado el acceso de los estudiantes indocumentados y sus familias a los programas y servicios educativos. A principios de este año, la administración también intentó evitar que los distritos escolares de todo el país retiraran alrededor de $2.5 mil millones en fondos restantes para la recuperación de la educación después de la pandemia, los cuales aún están en uso por las escuelas (tan solo se revirtió el curso después de que se otorgó una orden judicial preliminar a los demandantes retando las acciones de la administración).

La Restricción del Acceso a los Programas Federales de Salud, Nutrición y Educación

H.R.1 también restringe directamente el acceso a programas de salud y nutrición para niños con padres indocumentados, incluyendo los niños que puedan ser residentes permanentes legales. Los datos muestran consistentemente que el acceso de los estudiantes a los servicios de salud y programas de nutrición aumenta su bienestar físico y, como consecuencia, mejora su capacidad para participar en programas educativos y su rendimiento académico. A pesar de estos beneficios, la ley incluye nuevos límites para la cobertura de Medicaid de inmigrantes legales y el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Solo aquellos con residencia permanente legal tendrán acceso a estos programas, excluyendo a las familias inmigrantes con presencia legal en el país como refugiados y asilados, entre otros.

Estas restricciones tienen consecuencias más amplias. Limitar el acceso de las familias inmigrantes a Medicaid y SNAP impide que muchos estudiantes accedan a los programas de comidas escolares, ya que la elegibilidad para las comidas escolares a menudo está conectada con  la elegibilidad a Medicaid y SNAP. Además, a medida que menos estudiantes califiquen como de bajos recursos, debido a la reducción de la participación en Medicaid y SNAP, las escuelas que atienden a un gran número de estos estudiantes también podrían ver reducciones en los fondos suplementarios federales y del estado que reciben, basado en el número de estudiantes que atienden.

Las agencias federales también están tomando medidas para limitar el acceso a programas y servicios relacionados con la educación para niños indocumentados y niños con padres indocumentados. A principios de este mes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. emitió un aviso con el objetivo de limitar el acceso a Head Start, servicios de salud mental y trastornos por uso de sustancias, programas que apoyan a familias sin hogar, capacitación educativa, y otros programas. Por separado, el Departamento de Educación de EE. UU. emitió un aviso que busca evitar que los estudiantes indocumentados accedan a los programas de Educación Técnica y Profesional, lo que también podría afectar el acceso a la inscripción de clases duales y los programas universitarios tempranos proporcionados a los estudiantes de secundaria, y que ya enfrenta un reto legal.

El Impacto De las Acciones Federales

Incluso cuando los programas y servicios están disponibles para estudiantes indocumentados o estudiantes con al menos un padre indocumentado, algunos estudiantes pueden tener demasiado miedo de acceder estos programas. Las escuelas de todo el país están viviendo un aumento en el ausentismo estudiantil entre los estudiantes indocumentados o los estudiantes de familias de estatus mixto. En algunas comunidades escolares, el ausentismo estudiantil aumentó en un 22% durante los momentos en que ocurrían las redadas de ICE y algunos educadores informan que perdieron a la mitad de su clase. Los estudiantes informan que temen regresar a casa de la escuela para descubrir que uno de sus padres ha sido detenido, o que ellos mismos pueden ser detenidos durante el camino a la escuela o hacia algún evento escolar como una graduación de preparatoria. Un estudio también atribuye este tipo de disminución en la asistencia de los estudiantes al miedo de los padres de llevar a sus hijos a la escuela y ser detenidos en el camino, a los estudiantes mayores que trabajan para complementar la pérdida de ingresos familiares cuando los padres tienen demasiado miedo de salir de casa, y a problemas relacionados con la salud.

La evidencia ha demostrado el impacto negativo que este tipo de políticas tienen en los estudiantes, desde el aumento del estrés y la ansiedad hasta la disminución de la inscripción escolar y el rendimiento académico.

Los Sistemas Escolares Están Respondiendo

Estas acciones acumuladas por parte del gobierno federal están obligando a los líderes educativos estatales y locales a encontrar nuevas formas de garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a servicios, apoyos y oportunidades educativas. Y a medida que se acerca el nuevo año escolar, un número cada vez mayor de líderes escolares están intensificando los esfuerzos para apoyar a sus estudiantes con estrategias tales como la creación de zonas seguras para los estudiantes y las familias; capacitación al personal y a los educadores sobre cómo apoyar a los estudiantes y mantenerse conectados con las familias; y el fortalecimiento de las colaboraciones con organizaciones comunitarias de confianza, para brindar servicios, información y apoyo. Estas acciones serán más importantes que nunca a medida que las políticas federales alejen a los estudiantes de las oportunidades y servicios educativos a los que tienen derecho legalmente y que necesitan para prosperar.

La Corte Suprema advirtió en Plyer sobre el daño individual y social de restringir la educación de los niños, señalando que:

La educación [p]ública tiene un papel fundamental en el mantenimiento del tejido de nuestra sociedad y en el mantenimiento de nuestro patrimonio político y cultural; la privación de la educación tiene un costo inestimable en el bienestar social, económico, intelectual y psicológico del individuo, y representa un obstáculo para el logro individual.

Al debilitar nuestro compromiso de educar a todos los niños, también debilitamos a nuestro país a largo plazo, catalizando profundos efectos a largo plazo en la salud social, económica y cívica de nuestras comunidades y nuestra nación.